Una constitución en democracia total.

La democracia, para funcionar, exige un compromiso profundo y duradero de los participantes con el sistema, ya sea el gobierno del estado o de un municipio, la gestión de una cooperativa, un colegio o un partido político. Exige que el individuo que en ella participa acepte de buen grado sus responsabilidades y para eso es fundamental que sus derechos sean garantizados

¿Qué derechos inalienables ha de tener cada individuo? En rigor esta es una decisión que ha de tomarse democráticamente. Es fundamental aceptar que no existe una justicia absoluta, ni valores morales trascendentales que sean más importantes que la opinión de la mayoría. Si la mayoría decide que la pena de muerte ha de existir, por disparatado que me parezca habré de aceptar que es una medida “justa”, puesto que así ha sido decidido, aunque eso no impida que luche contra ello con todas las herramientas de las que disponga en democracia.

Idealmente, estos derechos han de ser decididos por consenso, y sólo han de ser alterados por consenso. En la práctica, estos derechos inalienables han de ser formulados mediante leyes de rango superior, que requieran para ser modificadas del apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad o grupo. En el ámbito estatal, esto es el equivalente a una “constitución”, cuyo sentido histórico es limitar los derechos del estado, la mayoría, para defender los del individuo.

En democracia total, la “constitución” es el resultado de un proceso orgánico en el que los participantes del sistema la generan y modifican siguiendo sus propias normas, no como un texto creado por una élite “bienintencionada” y ofrecido como única alternativa al pueblo. El primer elemento, su ley de rango superior, ha de ser, por lo tanto, una descripción de los mecanismos de decisión y participación consensuados por los miembros del grupo. A continuación, una descripción del ámbito y alcance de las decisiones tomadas, ya que el sistema puede usarse para la gestión de la res pública o para la gestión de una cooperativa, o un partido político, o un colegio. Una vez definido éste, se habrá de proceder a la declaración de derechos y libertades inalienables de cada uno de los participantes dentro del ámbito al que atañe el sistema democrático en cuestión. Sólo una vez resueltos estos puntos, como mínimo, podrá el sistema inspirar confianza, tendrá opciones de ser realmente útil y representativo, y podrá ser utilizado para tomar decisiones que busquen el beneficio de todos.

Con respecto a los derechos y libertades, si consideramos la posibilidad de un sistema de democracia total como forma de gobierno de un estado, este punto será de radical importancia, puesto que el ámbito de aplicación de las decisiones se extiende hasta el uso de la violencia por parte de las fuerzas del estado. No parece descabellado que la lista de derechos humanos fuese un pilar fundamental de la constitución de nuestra nación. No obstante, mi opinión personal es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dista mucho de ser un compendio práctico de derechos inalienables que nos pueda servir de referencia en su estado actual. Quizá la primera cuestión que deberíamos debatir, consensuar y decidir, seria una lista de derechos garantizables, como por ejemplo a la libertad de conciencia, de expresión, de asociación, y por qué no, la educación y sanidad para nuestros hijos, si es que estamos de acuerdo en eso.

Una vez consensuada esta lista de derechos ¿se podría cambiar en el futuro? Necesariamente la respuesta ha de ser sí, porque si no se puede cambiar por las buenas, y todo el mundo la quiere cambiar, se cambiará por las malas. ¿Qué mayoría debería de ser necesaria para modificarla? ¿Noventa por ciento? ¿Ochenta? ¿Cincuenta y uno? ¿La misma que la aprobó? ¿La misma que la aprobó más un diez por ciento de estabilización? (Huelga decir que no nos referimos a porcentajes de un parlamento que puede como el español raptar la soberanía popular en cuanto quiera, sino a porcentajes de ciudadanos, aunque se use un sistema de delegación) El incrementar la mayoría necesaria para modificar una ley es una forma de estabilizarla, y, evidentemente, no es solo la “constitución” la que necesita ser estabilizada. Existen otros ámbitos de decisión tales como la educación, la sanidad, o la defensa del estado que, si bien no pertenecen conceptualmente al núcleo constitucional, se beneficiarían de cierta estabilidad. ¿Acaso no sería deseable proporcionársela imponiendo la necesidad de cierto consenso para gestionarlas? De nuevo nos podemos preguntar ¿qué mayoría debería de ser necesaria para tratar estos temas? Probablemente menor que los derechos fundamentales del individuo, pero mayor que la necesaria para cambiar la normativa de tráfico.

Por otro lado, no todos los capítulos de la “constitución” requieren el mismo nivel de protección. ¿Es acaso necesario separar la legislación en dos bloques, “constitución” y “no constitución”? Quizá lo que tendríamos que tener claro es qué nivel de protección necesita cada tipo de ley y qué tipo de consenso. Probablemente, establecer una serie de niveles o rangos para los distintos ámbitos de la ley sería práctico y ayudaría a simplificar las cosas. En cualquier caso, es importante que las leyes de rango superior emanen de una consenso y decisión popular. Además debemos exigir que cualquier cambio a una ley de rango superior, de orden constitucional, sea refrendado por el pueblo, para que no pueda ser modificado torticeramente y sin consultar a éste como lo ha hecho el PPSOE en la pasada legislatura.

Salud, Paz y Democracia

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